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 09/12/2009|09:59  
Delincuencia juvenil, drogas e intervención

Por Lic.


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Las cuestiones territoriales y geográficas constituyen factores relevantes a la hora de pensar en la experiencia escolar de los niños y jóvenes de América Latina.¿Cree que hay equidad de oportunidades entre los niños de zonas urbanas, conurbanas y rurales?

Si
No
No Sabe

Osvaldo Agustín Marcón



.En el campo de las Ciencias Sociales se discute hace varios años la denominada “nueva cuestión social” (Rosanvallon, P., 1995), categoría conceptual polémica que -no obstante- concita algunos acuerdos. Entre estos últimos se destaca el convencimiento bastante generalizado de que las antiguas formas de gestionar las problemáticas sociales deben ser revisadas. Obviamente este debate es aplicable a la trama conformada por jóvenes inmersos en conflictos penales, el consumo de drogas y las reacciones institucionales. Dicha relación es tan intensa como evidente pues a nadie escapa que si bien años atrás tales combinaciones eran esporádicas actualmente son casi cotidianas.

Sin embargo las lógicas de intervención no se han modificado substancialmente. Ello legitima la necesidad de “pensar cómo pensamos” la problemática, de modo tal que dicha reflexión posibilite “pensar qué pensamos” sobre la relación delito-drogas para, así, “pensar cómo se interviene”. Estas últimas dimensiones, ya de orden práctico, incluyen tanto el debate referido a nociones teóricas y metodológicas como a prejuicios, valoraciones morales, religiosas, etc. De los múltiples aspectos inherentes al “cómo pensamos” señalemos solo algunos que creemos centrales: solemos dar por supuesto que el problema es ‘la droga’, afirmación que posibilita el reinado de por lo menos otras dos creencias asociadas: 1) Que es factible hacer desaparecer dicha substancia; y 2) Que es posible borrar la demanda existente sobre la misma. Estas ideas sacralizadas obturan toda posibilidad de discusión sobre las mismas, base sobre la cual crecen otros credos referidos más directamente al consumo. Por ejemplo, no siempre tenemos presente que el uso de drogas es una problemática bastante más amplia que la naturalizada como tal, es decir la referida a las drogas ilegales. Así, se acepta sin discutir un escenario que induce a pensar el conflicto en términos de mal que debemos exorcizar de algunos cuerpos enfermos o, inclusive, en términos de cuerpos malos que debemos exorcizar del buen cuerpo social. Para llevar adelante estas tareas, influencias positivistas mediante, se han creado dispositivos específicos: saberes, instituciones y prácticas.



Sobre dicha visión, consecuentemente, adquirió legitimidad un modo de intervenir ante los otrora excepcionales casos de jóvenes judicializados por causas penales que consumían drogas. Este modo continúa en general vigente, y consiste en que ante el delito comprobado el sujeto es incorporado a dispositivos específicos (incluida la posibilidad del encierro) con el objetivo de promover su resocialización por haber cometido delito. Pero dada la concurrencia del consumo de drogas aparece legitimada la coordinación con algún otro recurso institucional que a la par brinde asistencia ‘especializada’. Sucede que, como decíamos más arriba, la naturaleza del problema ha cambiado cualitativa y cuantitativamente. El consumo de drogas, legales e ilegales, se ha instalado culturalmente (no de un modo novedoso pues el estudio de otras civilizaciones pone en evidencia diversos consumos, actuales e históricos), resultando obsoletas las antiguas formas de intervención. En este contexto los sectores socialmente hegemónicos codifican la cuestión como problemática social grave, con lo que se impone la urgencia por pensar nuevas formas de gestión que incluyan la decodificación de las representaciones sociales operantes en relación con la droga.

Así tenemos que tanto la extensión como la profundidad del problema exigen la conversión de los programas (e instituciones de encierro) tomando el consumo de drogas en tanto componente transversal que casi siempre está presente en las conductas juveniles seleccionadas por el sistema penal. Esta transversalidad implica flexibilizar las fronteras conceptuales del problema, estrechamente asociado a la demonización de la substancia “droga”, con lo que se la aísla del entramado de relaciones sociales. Se trata de imaginar formas de intervención “inespecífica” (Carballeda, A., 2008) que permitan reconfigurar esas relaciones facilitadoras de consumos que enajenan al Sujeto. Como venimos diciendo el problema no es la droga sino el tipo de relaciones que el Sujeto entabla con ella y con sus entornos; pero igualmente problemática es la relación que los distintos entornos entablan con ese Sujeto. Si todo esto se advirtiera, posiblemente profundas transformaciones en la institucionalidad social que le sirve de sustento mayor.


Vale atender que, en dichas tramas de relaciones, lo que piensan los no-consumidores respecto de los consumidores visibilizados (o consumidores de drogas ilegales), debe ser tan importante como lo que piensan los consumidores respecto de los no-consumidores. Esto es así por lo antedicho: el dilema está instalado en la dimensión cultural de la sociedad, y en ella es usual que el discurso dominante sea construido por no-consumidores convencidos de saber qué piensa y qué le sucede al consumidor. Éste, transformado en objeto de estudio e intervención, explica la anterior referencia a la influencia positivista y su pretensión de extirpar el mal de un cuerpo social supuestamente sano. Ilustrando respecto de cómo funcionan estos modos de pensar señalemos que un taller de carpintería en horarios diurnos dentro de una institución puede ser valioso, pero en ocasiones refleja el punto de vista moralizante de sujetos no-consumidores que solo ven problemas en la droga (ilegal) y no, por ejemplo, en el trabajo. Estos permanecen convencidos del valor purificante del mismo con independencia de la trama de relaciones sociales en las que se da, persuadidos de que con ello avanzan en la resocialización. Mediando dicha convicción el consumo de drogas queda para que sea atendido en otras instancias de las que se espera hagan de ese consumidor un Sujeto Productivo según la perspectiva del no-consumidor. En definitiva, instancias en las que debe ser curado de la enfermedad o corregido de su desviación.


De allí lo planteado al inicio: para generar nuevas formas de gestión se requiere, con mucha potencia y paciencia, “pensar qué pensamos” pero simultáneamente “pensar cómo pensamos”. Por lo pronto, el actual camino solo garantiza la continuidad del regodeo en diversos “como si”, goce en ficciones que tienen puntos de coincidencia con las ilusiones que consigue quien se crea una realidad artificial mediante cualquier producto químico.




Citas:

• Rosanvallon, P. (1995). “La nueva cuestión social: repensar el Estado Providencia”. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires, Manantial.



• Carballeda, A. (2008). “La prevención inespecífica en el campo de la drogadicción”. Buenos Aires, Margen.





* Mg/Lic. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN; Títulos obtenidos: Magister en Salud Mental (UNER); Diplomado Superior en Ciencias Sociales (FLACSO); Especialista en Minoridad y Familia (UNL); Licenciado en Trabajo Social (UNSE); Psicopedagogo (UCSF). Libros publicados: "El secreto profesional en Trabajo Social" (Buenos Aires, Espacio Editorial, 2008); Inseguridad ciudadana y poder: la trampa del orden penal” (Santa Fe, 2006); “Del niño en peligro al niño peligroso” (Rosario, Juris, 2005); “La Justicia de Menores en busca de sentido” (Zaragoza, Certeza Editorial, 2004); “Derecho de Menores Interdisciplinario” (Rosario, Editorial Juris, 2004); “El niño y el adolescente en libertad vigilada” (Buenos Aires, Editorial Lumen-Hvmanitas, 2002); “Libertad Vigilada: hacia un modelo operativo” (Santa Fe, 2000); “Notas para una nueva política social en la Provincia de Santa Fe” (Santa Fe, 1995);















 (Infancia Hoy)





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